Drones y Videovigilancia (I)

¿Qué es un dron?

Para iniciar esta serie de artículos, hemos creído conveniente empezar por definir qué es un dron.

Los drones son un tipo de aeronave que vuela sin tripulación y que, por lo tanto, se pilota de manera remota o automatizada. En consecuencia, desaparece la intervención de un piloto en cabina que controla la aeronave por su ruta.

Para que un dron sea considerado válido para uso civil o comercial, debe cumplir con los siguientes requisitos:

  • Debe ser capaz de mantenerse en vuelo por medios aerodinámicos
  • Debe ser reutilizable
  • No debe estar clasificado como un arma guiada o como un dispositivo similar de un solo uso diseñado para el lanzamiento de armas.

En este sentido y a fin de acotar el objeto de esta serie de artículos, sólo hablaremos de aquellos drones que incluyan como carga adherida a su fuselaje, todo equipamiento que permita la captación de imágenes y sonido, que no sólo ocupen un lugar importante para el control del vuelo y su geolocalización.

Ahora bien, las principales aplicaciones que puede tener una cámara de videovigilancia instalada en un DRON son:

  1. Protección de las personas físicas
  2. Protección de la propiedad
  3. Interés público
  4. Detección, prevención y control de delitos
  5. Puesta a disposición de pruebas

No hay que olvidar que estas aplicaciones siempre se tienen que ponderar con el principio de proporcionalidad, por el cual se establece que se debe buscar el medio menos invasivo al derecho fundamental a la intimidad y, en consecuencia, al derecho de protección de datos.

Antes de iniciar un estudio en profundidad sobre la normativa de protección de datos en relación a los drones, señalar que como toda realidad, la tecnología dron es una tecnología que afecta a los derechos de los ciudadanos en diferentes ámbitos, y esto implica transversalidad en la observancia del derecho a las posibles daños que sufra una persona.


Transversalidad de la afectación de la tecnología DRON

La captación de imágenes en recintos privados ha invadido la vida privada de los ciudadanos, debiendo el derecho dar una respuesta a la circulación de imágenes no autorizada, pero el peligro de una invasión a la intimidad por internet, no hace más que confirmar la necesidad de abrir la interpretación del derecho a la aplicación de las nuevas tecnologías, ya que no existe duda alguna sobre la necesidad de algún tipo de protección.

En nuestro derecho existe regulación que puede ser debidamente invocada para amparar a la intimidad de la persona, y además, determinar la extensión de dicho amparo.

Es por ello que resulta necesario determinar, en cada momento, cómo y dónde, es decir, en qué ámbito, han sido captadas las imágenes y/o el sonido que nos interesa. De esta manera, se podrá considerar si la infracción que estudiamos afecta al derecho a la intimidad, al honor, a la propia imagen o al derecho a la protección de datos.

Si las imágenes captadas a través de un dron se realizan en el ámbito estrictamente doméstico, se considera que las grabaciones no constituyen un dato de carácter personal. Según la sentencia LINDQVIST, se entiende por ámbito doméstico a aquellas actividades que se inscriben en el marco de la vida privada o familiar de los ciudadanos.

En este sentido, el Grupo de Trabajo del Artículo 29 amplía esta interpretación, fijando unos supuestos generales para determinar cuándo la utilización de éstas imágenes no están incluidas dentro del ámbito doméstico:

  • Si los datos personales son difundidos a un número indefinido de personas, y no a una comunidad limitada de amigos, familiares o conocidos,
  • Si los datos personales son de individuos que no tienen relación personal o familiar con la persona que la comparte
  • Si la escala y la frecuencia del tratamiento de los datos personales indican actividad profesional o de jornada completa,
  • Si existe la posibilidad de que un determinado individuo actúe de manera colectiva y organizada,
  • Si hay un impacto negativo en los individuos, incluyendo la intrusión en su privacidad.

En este caso, se considera que la captación de imágenes a través de drones puede afectar a los derechos a la intimidad de las personas, así como al derecho a la propia imagen o al honor. Por ello, todo lo que no esté incluido en el ámbito descrito se tendrá que establecer en el derecho a la protección de datos de carácter personal.

¿Por qué está incluida la captación de imágenes como dato de carácter personal?

Un dato de carácter personal, comprende toda aquella información concerniente a personas físicas identificadas o identificables, debiendo extenderse a toda información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica o acústica, susceptible tratamiento.

Si tomamos en consideración el uso profesional y con fines de videovigilancia de los Drones, éstos deben cumplir la normativa relativa a protección de datos, así como las recomendaciones de la Agencia de Protección de Datos, en relación a la Instrucción 1/2006, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras.

Es por ello que, en atención a dicha normativa, la instalación de tecnología dron con fines de videovigilancia debe respetar los siguientes principios:

El principio de proporcionalidad: No hay que olvidar que para utilizar los drones como sistemas de videovigilancia será necesario ponderar los bienes jurídicos protegidos, y, por tanto, la instalación de estos dispositivos deberá respetar el principio de proporcionalidad, lo que en definitiva supone, siempre que resulte posible, adoptar los medios menos intrusivos a la intimidad de las personas, con el fin de prevenir interferencias injustificadas en los derechos y en las libertades fundamentales.

En este sentido, y a fin de preservar el derecho a la protección de datos, la sentencia núm. 207/1996, el Tribunal Constitucional entiende que las grabaciones llevadas a cabo para el control de la seguridad privada es una medida restrictiva de derechos fundamentales, y como tal, debe valorarse en función de los siguientes requisitos:

  • Idoneidad: Esto es, el estudio de si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto.
  • Juicio de necesidad: Si además es necesaria, en el sentido de que no exista otra medidas más moderada para la consecución del objetivo planeado con la videovigilancia
  • Juicio de proporcionalidad en sentido estricto: Ponderación de ventajas y desventajas entre el objetivo de la videovigilancia y los bienes protegidos jurídicamente.

Calidad de los datos: Además del principio de proporcionalidad comentado anteriormente, cabe destacar que, en cumplimiento de las normas aplicables en materia de protección de datos, se debe cumplir con el deber de observancia de la calidad de los datos recogidos. En este caso, los datos de carácter personal recogidos a través de videovigilancia dron, deberán ser:

  • Adecuados para la finalidad que han sido recabados
  • Pertinentes
  • No excesivos

Por ello, sólo se considerará admisible el uso de drones de videovigilancia cuando la finalidad de vigilancia no pueda obtenerse mediante otros medios que, sin exigir esfuerzos desproporcionados, resulten menos intrusivos para la intimidad de las personas y para su derecho a la protección de datos de carácter personal.

Es por ello que, en aplicación de la doctrina recogida por el Tribunal Constitucional y a la Instrucción 1/2006 que nace la obligación de que las cámaras de videovigilancia instaladas en los drones no puedan captar imágenes en espacios públicos, salvo que resulte imprescindible para la finalidad de vigilancia o que resulte imposible evitarlo por la ubicación de la cámara.

Deber de ser informado de la recogida de imágenes por videovigilancia: El uso de drones para fines de videovigilancia, implica, más que nunca, el cumplimiento del derecho de ser informado de la recogida de imágenes, en relación a lo establecido en el artículo 5 de la LOPD. Es por ello que, el artículo 3 de la instrucción 1/2006 obliga a colocar, en aquellas zonas de acceso donde el dron capte las imágenes con fines de videovigilancia, un distintivo donde se informe de dicha captación.

Este distintivo debe estar ubicado en una zona visible, preferiblemente, en todos los accesos del recinto o propiedad donde el dron opere, y deberá contener una referencia a la LOPD y la finalidad con la que se recogen las imágenes. También debe identificarse al responsable del tratamiento de los datos y de qué manera se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición del interesado, además de indicar la existencia del fichero donde se tratan las imágenes.

Prestación del consentimiento por parte del afectado: También será necesario obtener el consentimiento del ciudadano que vaya a ser grabado, pero para ello, se acostumbra a considerar que el titular del dato presta su consentimiento al acceder en el recinto videovigilado, en el que constará el distintivo en la entrada como hemos comentado anteriormente.

Medios para garantizar la seguridad de los datos: El responsable del fichero, además, deberá adoptar las medidas necesarias de índole técnica y organizativa para garantizar la seguridad de las imágenes. Estas medidas de seguridad tienen que ser lo suficientemente eficientes como para que se evite la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado a las imágenes captadas por el dron. Además, toda persona que acceda a las imagénes deberá observar debida reserva, confidencialidad y sigilo en relación a las mismas.


Próximamente…

Próximamente, en Drones y Videovigilancia (II), analizaremos cómo opera la aplicación de la Instrucción 1/2006 y la jurisprudencia existente aplicable al caso, con especial mención a las novedades introducidas por el Reglamento Europeo de Protección de Datos (GDPR) y a las novedades incorporadas a la redacción de la nueva Ley de Protección de datos.


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